25 de Noviembre día Internacional contra la violencia sobre las mujeres

    Muchos y difíciles han sido los años que nos ha costado a las españolas ser consideradas por la ley sujetos de pleno derecho y acceder a la educación y a un puesto de trabajo en condiciones de igualdad con los hombres (aunque esto último aún no lo hemos conseguido de forma generalizada). Pero la realidad cotidiana de las mujeres maltratadas y asesinadas ( 72 en el pasado año, 45 éste) pone de manifiesto que todavía nos costará muchos años más conseguir que las relaciones entre hombres y mujeres se basen en el respeto escrupuloso a la vida y a la libertad de toda la ciudadanía, y no sólo de los varones.
    A lo largo de la historia, los hombres han monopolizado la mayoría de los poderes sociales, marginando a las mujeres al ámbito de lo privado y considerándolas como eternas menores de edad, necesitadas de dirección y de control. Hemos sido utilizadas a lo largo del tiempo como cuidadoras y reproductoras, no hemos tenido la posibilidad de aparecer en público sino como sombra del marido o del padre, y nuestra labor ha sido silenciada y minusvalorada. Eternas menores de edad, sólo en los últimos 30 años hemos ido accediendo, a fuerza de mucha lucha y mucho esfuerzo, al espacio público de los iguales, para que nuestra voz, aunque todavía con interferencias, sea escuchada y respetada.
    Ahora bien, lo que debe quedar claro es que la violencia machista es un problema social estructural y ha de tratarse como una cuestión de Estado. La ciudadanía debe percibir que la sociedad en su conjunto rechaza categóricamente este terrorismo machista de igual manera que cerramos filas para condenar el terrorismo político. La ley contra la violencia de género aprobada el pasado año por el Parlamento Español pretende poner en el centro del espacio público un fenómeno que debería escandalizar a cualquier persona con una sensibilidad moral y política mínimamente razonable. Por eso creemos necesario pedir al Gobierno de España, a todas las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos que se impliquen en campañas de información para prevenir los casos de violencia contra las mujeres, para que todas aprendan a reconocerlos.
    Queremos mostrar especialmente nuestra preocupación ante la posibilidad de que muchas inmigrantes no estén denunciando a sus agresores por miedo a ser expulsadas, pese a estar protegidas por la Ley. Muchas de estas mujeres no conocen sus derechos . ¿Se están realizando programas de intervención específicos para informar y prevenir a las mujeres inmigrantes contra esta violencia? Creemos que estos programas son absolutamente necesarios dado que de las 45 mujeres muertas este año, 17 eran extranjeras y de las 72 muertas el pasado, también eran extranjeras 17. En cuanto a las denuncias presentadas este año en todo el Estado un 27,3% son de extranjeras, y el pasado año, las denuncias extranjeras representaron un 24,7%.
    También debemos preguntarnos si la Ley contra la violencia de género se está aplicando con la dotación de recursos necesarios en todos los ámbitos que abarca: ¿Son los recursos judiciales que se han puesto en marcha suficientes? ¿Se está interviniendo en la formación del profesorado en los centros de enseñanza para evitar la violencia en general y la violencia de género en particular? ¿Hay publicidad institucional suficiente para sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre este problema? ¿Se denuncia con contundencia y claridad la publicidad sexista?¿Cómo se está interviniendo en la violencia que genera el ejercicio de la prostitución?¿Se pondrá en marcha un fondo para paliar los efectos violentos que pueden producir las pensiones impagadas? Todas estas preguntas necesitan una respuesta clara. Por ello reclamamos a la Administración de Estado y a las distintas Comunidades que se realice una estimación del impacto de aplicación de esta Ley .
    Ahora bien hemos de ser conscientes de que siendo necesarios y urgentes la total aplicación de la Ley y la inversión de los fondos precisos, también es urgente que cambien las mentalidades y las conductas. Y para eso se necesita la participación y el compromiso de toda la comunidad.

Alicia Poza.
Responsable de La Organización de Mujeres de la Confederación de STES-La Intersindical